FONDO MINERO EN EL OLVIDO; NI SIQUIERA EXISTE COMO INICIATIVA LEGISLATIVA DE RESTITUCIÓN

Lázaro Cárdenas, Michoacán, marzo 29, 2026.-   En junio de 2016, el gobierno municipal de Lázaro Cárdenas accedió, al parecer por última vez, al Fondo Minero.  En esa ocasión recibió 19.07 millones de pesos, luego de que el Comité de Desarrollo Regional para Zonas Mineras aprobó en su primera sesión ordinaria los proyectos que presentaron los municipios que se vieron favorecidos por el citado fondo. 

Por ese entonces, el titular del gobierno municipal de Lázaro Cárdenas fungía como representante común de los siete municipios que tenían derecho a los recursos del Fondo Minero y que eran los de La Huacana, Churumuco, Arteaga, Aquila, Chinicuila, Morelia y Lázaro Cárdenas. 

Lamentablemente, el Fondo Minero (oficialmente Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros) dejó de operar en su forma original desde aproximadamente 2019-2020. 

Este fondo se creó en 2014 mediante reformas a la Ley Federal de Derechos. Su objetivo era elevar la calidad de vida en zonas de extracción minera mediante obras de infraestructura social, ambiental y urbana. Se financiaba principalmente con un porcentaje de los derechos especiales, adicionales y extraordinarios pagados por las empresas mineras.

Entre 2014 y 2017 se ejercieron miles de millones de pesos en proyectos, pero a partir de 2019 se realizaron modificaciones: Los recursos dejaron de regresar directamente a las regiones mineras de forma prioritaria. Se redirigieron en gran medida a la Secretaría de Educación Pública (SEP) (alrededor del 85% para infraestructura educativa y programas sociales), un porcentaje menor a la Secretaría de Economía (para fortalecimiento del sector) y al Gobierno Federal. 

En 2020 se extinguió el fideicomiso como parte de la desaparición de varios fondos y fideicomisos públicos, pero las empresas mineras siguen pagando los derechos mineros, que incluyen componentes especiales. 

Existen peticiones recurrentes de alcaldes, legisladores y la Cámara Minera de México (Camimex) para su restitución, argumentando que las comunidades mineras siguen sufriendo impactos ambientales y sociales sin compensación directa. 

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